Cambian los gobiernos, se suceden los presidentes, pero un tema sigue siendo recurrente en la mayoría de los países. Cuando el llamado “primer mundo” se está ahogando en una crisis global, sus dirigentes siguen encontrando un hueco en sus agendas para debatir sobre el pago para la cultura. Mejor dicho, sobre un posible castigo para los que han decidido hacer suyo un bien cultural sin pasar por caja, gracias a las proezas de las nuevas tecnologías y la posibilidad de descargar contenidos.
Tienen nombres diferentes: ley SOPA, Sinde o Hadopi, pero dicen más o menos lo mismo. Pretender castigar a quién descarga en internet un contenido cultural sin haber pagado por ello. Usan la defensa de los artistas como argumento principal, pero los que realmente saldrían beneficiados en caso de aplicación de esas leyes son los gigantes de la industria cultural. Que se trate de cine o de música, los artistas se quedan con una ridícula parte del pastel cuando la comparamos con lo que llevan a cobrar las majors. Parece ser entonces que los artistas, antes de ser víctimas de su público que descarga gratuitamente sus obras, son víctimas de sus managers y todas las personas que trabajan detrás, que hacen su agosto aprovechandose de ellos.
Por muy extraño que pueda parecer, existen artistas que están incluso a favor de las descargas. Nombres tan famosos como Joaquín Sabina o Andrés Calamaro son conocidos por apoyar a los internautas que se interesan por sus obras.
Del otro lado de los Pirineos, un grupo de profesionales del cine entre los cuales destacan personalidades como Victoria Abril o Catherine Deneuve han firmado en el 2009 una carta abierta en el diario Libération en contra de la ley Hadopi. En esta tribuna nos encontramos frases tan comprometidas como: “esta ley que pretende defender a la creación solamente instaura un mecanismo de sanciones cuya constitucionalidad queda dudosa” o “el gobierno francés se obstina a ver en los usuarios, los espectadores, unos niños inmaduros que fomentan todos los problemas de la industria del cine”.
Más lejos, en Estados Unidos es un grupo de 140 artistas de la música pop rock, entre ellos Robbie Williams, que forma el Featured Artist Coalition. Se erigen en contra del procesamiento judicial por las descargas. Nos trasladamos al norte y en Canadá nos encontramos con la Asociación de Compositores de Canadá, partidarios de la legalización de la práctica del peer to peer.
A nivel internacional, la cantante Shakira piensa que más que perjudicar, la descarga gratis convierte a la música en un “regalo”. Según sus propias palabras, se siente más cercana a los fans y a la gente que aprecia la música.
Quizás la diferencia entre los artistas que están en contra y los que están a favor reside en la importancia que dan a las ganancias económicas en la ecuación. Si sólo pretenden hacer llegar su obra a un número amplio de personas, la descarga les parecerá una herramienta fantástica. Si miran del lado de los beneficios, se sentirán robados.
Es gracioso pensar que los grandes de Hollywood sean los primeros en quejarse, cuando recordamos el origen de esta Meca del cine. Los estudios y las productoras se instalaron en las alturas de Los Ángeles para huir del oligopolio y de las patentes impuestas por la Motion Picture Patent Company, que en aquel entonces controlaba toda la industria del cine. Es la pescadilla que se muerde la cola.
Las últimas palabras las dejare al cómico francés Coluche, que aunque desapareció en el 1986, tenía ya una idea clara sobre el asunto: “La música es una industria porque un puñado de imbéciles consiguió ser un poco menos tontos que el resto. Todo eso para hacer dinero. [...] Debería de prohibirse esta venta forzada. Ya que si te ponen tonterías todo el día pues terminas comprándolas. [...] ¡Cuando piensas que bastaría con que la gente deje de comprar para que se deje de vender! [...] Mi canción no sale ni en tele ni en radio, pero eso da igual, porque por lo menos, mi canción, al contrario de muchas otras, tiene algún mensaje que transmitir”.
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